La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por violencia de género presentada por su ex pareja, Fabiola Yañez, y decidió apartar al juez Julián Ercolini a pedido de la defensa del expresidente. Según los jueces, la medida busca garantizar la imparcialidad y evitar cualquier sospecha de parcialidad en el desarrollo del proceso.
El tribunal, integrado por Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, consideró que los planteos de Fernández sobre su relación previa con Ercolini aportan elementos suficientes para justificar el cambio de magistrado. A pesar de esto, se mantuvo la validez de todos los actos procesales realizados hasta el momento, por lo que la investigación sigue vigente y podrá continuar su curso con un nuevo juez.
Ahora, el magistrado que quede a cargo será quien pueda elevar el caso a juicio oral, ya que el fiscal Ramiro González dio por finalizada la etapa de instrucción. No obstante, se espera que la defensa de Fernández presente nuevas medidas que podrían postergar el inicio del juicio.
Fernández está imputado por ejercer presunta violencia psicológica de manera sistemática sobre Yañez entre 2016 y 2024, incluyendo acoso, insultos y conductas de hostigamiento. Además, se lo investiga por presunta coacción, al intentar impedir que su ex pareja acudiera a la Justicia. Entre las pruebas reunidas durante la pesquisa se incluyen imágenes difundidas en 2023 que mostrarían lesiones en el brazo y en el ojo derecho de Yañez, enviadas a la secretaria presidencial en aquel momento, María Cantero.
A lo largo de la investigación se tomaron declaraciones a médicos presidenciales, personal de la residencia de Olivos, familiares de la denunciante, allegados y la esteticista de Yañez. También se analizaron historias clínicas, registros de acceso y salida de la residencia, videos y comunicaciones telefónicas desde 2016, lo que permitió reunir un conjunto amplio de elementos probatorios.
El expresidente, por su parte, cuestionó la imparcialidad de Ercolini y del fiscal, argumentando que existieron situaciones de amistad y posteriores conflictos con el juez que podían afectar su objetividad. Además, sostuvo que algunas pruebas y testimonios que podrían haber aportado contexto no fueron valorados y denunció que la denunciante habría intentado obtener beneficios personales para no iniciar la causa.
Con esta resolución, la causa continúa avanzando bajo la supervisión de un nuevo magistrado, mientras la Cámara Federal de Casación deja constancia de que todas las actuaciones previas conservan su validez.