Fuerte rechazo del campo bonaerense a la desregulación de la vacunación contra la aftosa

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestó un fuerte rechazo a la decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de desregular el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa, que habilita a los productores a elegir directamente a un veterinario acreditado para aplicar las dosis.

La entidad rural consideró que la medida fue adoptada de forma “inconsulta” y advirtió que podría afectar la organización de las campañas sanitarias que se realizan en el país.

A través de un comunicado, Carbap recordó que las fundaciones y entes sanitarios han tenido un papel clave para superar los brotes de la enfermedad registrados en el pasado, especialmente durante 2001 y 2006, y destacó que el sistema sanitario argentino “aparece hoy como robusto”.

En ese sentido, señalaron que informes del propio Senasa muestran ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad adecuados en el rodeo bovino, por lo que cuestionaron la necesidad de modificar el esquema vigente.

“En medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale y de manera absolutamente inconsulta, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña”, sostuvo la entidad.

Cambios en el sistema de vacunación

La modificación fue establecida a través de la Resolución 201/2026, que introduce cambios en la forma en que se organizan las campañas sanitarias contra la aftosa y la brucelosis bovina.

Con el nuevo esquema, los titulares de establecimientos registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrán seleccionar libremente a un veterinario privado acreditado por el Senasa para comprar, conservar y aplicar las vacunas durante las campañas oficiales o en vacunaciones estratégicas.

Hasta ahora, en muchas zonas la vacunación se realizaba a través de fundaciones o entes sanitarios rurales que coordinaban las tareas en cada región.

Cuestionamientos por el impacto económico

Carbap también cuestionó los argumentos económicos utilizados para justificar la medida. Según señalaron, no existe evidencia clara de que el nuevo esquema reduzca costos para los productores.

“Cada fundación, ente o veterinario particular tiene su propia estructura de costos. En algunos casos las entidades rurales pueden absorber gastos administrativos o de infraestructura, lo que permite ofrecer un costo menor por dosis aplicada”, explicó la entidad.

Además, remarcaron que el valor actual de la vacuna es relativamente bajo en relación con el precio del ganado. “Hoy el costo de la dosis aplicada equivale a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente representaba cerca de un kilo”, señalaron.

Finalmente, la organización rural advirtió que la normativa no define quién garantizará el cumplimiento de la vacunación ni la cobertura en establecimientos más pequeños, lo que, según sostienen, podría generar dificultades para sostener la eficacia del sistema sanitario.