La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), presidida por Hugo Russo, denunció como un “avance autoritario” el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina, presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei. El gremio pidió su inmediata derogación por vulnerar derechos constitucionales.
La entidad aseguró que el decreto “legaliza prácticas de vigilancia sin control judicial” y habilita el accionar de las fuerzas de seguridad en espacios físicos y digitales, sin mecanismos de supervisión adecuados por parte del Poder Judicial.
El comunicado de la AJB advirtió que el nuevo reglamento habilita a las mismas fuerzas “que reprimen la protesta social” a actuar sin límites, lo que supone una amenaza directa al ejercicio de derechos fundamentales. Según el gremio, esto apunta a “disciplinar socialmente” y “criminalizar expresiones críticas”.
“Esta disposición constituye una grave violación de derechos y garantías constitucionales”, denunciaron desde la organización sindical, en línea con los cuestionamientos realizados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la CORREPI.
El rechazo al decreto fue inmediato y abarcó a sectores gremiales, sociales y de derechos humanos. El estatuto, que busca redefinir el marco de actuación de la Policía Federal Argentina, fue presentado por Bullrich como una herramienta para modernizar el accionar policial frente a delitos complejos.
Sin embargo, para el sindicalismo judicial se trata de una reforma que habilita prácticas “que hasta ahora requerían orden judicial” y que podrían convertirse en una herramienta de persecución política bajo el pretexto de seguridad.
En el cierre del comunicado, la AJB sostuvo que “la democracia se defiende con más derechos, no con más represión”, y llamó a otros sectores del Poder Judicial a pronunciarse en contra del decreto.
Para la organización, el nuevo reglamento implica una regresión democrática que va en contra del consenso construido tras la dictadura militar sobre el rol de las fuerzas de seguridad y el respeto a las garantías constitucionales.