Este miércoles a las 12 del mediodía, gremios y trabajadores de distintas ramas se concentrarán en Carlos Pellegrini y Sarmiento para movilizarse hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, en rechazo a las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.
La jornada fue convocada por el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, un espacio que nuclea a más de 70 federaciones y sindicatos, entre ellos las dos CTA, la Federación de Aceiteros, la CATT (trabajadores del transporte) y la ATE (empleados estatales).
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el Ejecutivo "debería empezar a preocuparse", dado que los trabajadores "coinciden en tiempo y lugar" para resistir el ajuste. “El principal desafío que tenemos es comenzar a unir todas las luchas en el país”, afirmó.
Por su parte, Daniel Yofra, referente del gremio de Aceiteros, consideró que la movilización será “una prueba” de unidad y advirtió que la calle y las huelgas son el único camino para “enfrentar a este Gobierno como corresponde”. En esa línea, remarcó que la falta de conciencia de clase entre trabajadores es un obstáculo mayor que cualquier afiliación política: “El problema es que los trabajadores terminan defendiendo intereses que no son los suyos”.
Yofra también criticó a la conducción de la CGT, a la que acusó de estar más pendiente de “visitar al Papa” que de acompañar los reclamos obreros. “Es muy difícil que la CGT esté integrada por gente que realmente defienda a los trabajadores”, disparó.
A su turno, Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma, aseguró que es "imprescindible resistir" las políticas del Gobierno. “Estamos frente a un Ejecutivo habilitado por el Decreto 70/23, que la Corte todavía no declaró inconstitucional, gobernando con la Ley Bases y amparado por una Corte Suprema que persigue, pero no defiende los derechos constitucionales”, advirtió.
La marcha de este miércoles se suma a una serie de acciones gremiales que buscan articular una respuesta coordinada al rumbo económico del Gobierno y al nuevo marco legal impulsado desde el oficialismo, que según denuncian, profundiza la pérdida de derechos laborales y el desmantelamiento del Estado.