Una nueva controversia surgió alrededor del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, que lidera Guillermo Rossi. En un episodio que pone en jaque la legitimidad de la institución, los colegiados advierten sobre la aplicación selectiva y arbitraria de las normas: afirman que existe una alarmante doble vara, por la que “se priorizan intereses privados por encima de la integridad de la profesión y la seguridad pública”.

“Para comprobar el nivel supremo de hipocresía que rodea a la constante persecución del Colegio de Martilleros hacia algunos —sólo algunos— de sus colegiados, basta con mirar la página de la inmobiliaria Robles de Mar del Plata. La histórica inmobiliaria se alió con Sotheby’s International Realty. En la nómina de la inmobiliaria hay decenas de empleados, pero sólo dos martilleros. ¿Qué diferencia hay con la forma de trabajar de RE/MAX o Century 21?”, expusieron recientemente en el sitio MDQ Activa.

Cada vez son más los profesionales marplatenses que se preguntan por qué el Colegio libra una batalla encarnizada contra profesionales que adoptan modelos de negocio como las franquicias, aunque elige “hacer la vista gorda” con aquellos que trabajan con Sotheby`s. De todos modos, aclaran que “la forma de operar de la inmobiliaria Robles no tiene nada de malo: es hacia allí a donde apunta el negocio de bienes raíces a nivel mundial”.

“Lo que esto evidencia es que, tras el discurso vetusto y poco inteligente de que ´las profesiones no se franquician´, lo que hay es simple y llanamente una disputa comercial entre profesionales del mismo rubro que buscan utilizar las instituciones como el Colegio de Martilleros, no para asegurar un mejor ejercicio de la profesión, o proteger al público de posibles estafas, o impulsar la formación de los matriculados; sino para atacar, perseguir e intentar dejar fuera del negocio a martilleros honestos que han decidido utilizar las herramientas que brindan estas franquicias para mejorar el servicio que le ofrecen a sus clientes”, sumaron desde MDQ Activa.

Lo cierto es que en los últimos años, la cúpula del Colegio de Martilleros ha lanzado una ofensiva sistemática contra los profesionales que operan bajo el paraguas de franquicias de renombre internacional como Re/Max, Century 21 o Keller Williams. Esta campaña, presentada como una lucha por la pureza del ejercicio profesional, busca obstaculizar el trabajo de colegas que adoptan nuevas herramientas y sistemas comerciales.

El principal argumento legal esgrimido por la institución es la Ordenanza Nº 25.029 del partido de General Pueyrredón. Esta normativa, utilizada según diversos analistas como un arma contra la competencia, establece textualmente: “Prohíbese la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas”. Según la interpretación del Colegio, esta regla obliga a publicitar los servicios utilizando únicamente el nombre del martillero matriculado.

Las críticas de la dirigencia se extienden a la terminología, insistiendo hasta el hartazgo en que el término “broker”, de uso común en el sector, “no existe” en la legislación argentina. Su discurso se ancla en la premisa de que “las profesiones no se franquician”. Sin embargo, esta cruzada por la pureza profesional “se detiene abruptamente frente a las puertas de los amigos del poder, donde las reglas se doblan y la hipocresía reina”, señala un colegiado.

De hecho, la postura inflexible del Colegio se desmorona al analizar el caso de la histórica inmobiliaria marplatense Robles y su alianza estratégica con la prestigiosa marca global Sotheby's International Realty. Esta asociación expone una contradicción que socava por completo el discurso “anti-franquicias”. 

“¿Dónde están las sanciones, la persecución, los intentos de evitar que esta gente siga trabajando, suspendiéndoles la matrícula?”, se preguntan muchos profesionales. A su vez, recuerdan que la selectividad del Colegio no solo protege a aliados comerciales, sino que se extiende a un silencio cómplice que ampara a criminales procesados que operan bajo su matrícula.