Con el Decreto 2797/24, el gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó el Plan de Infraestructura Universitaria, una medida pensada para paliar los efectos del recorte presupuestario implementado por la gestión de Javier Milei, que afectó a las universidades nacionales. El plan tiene como objetivo asegurar el financiamiento y la continuidad de obras de infraestructura en las universidades bonaerenses.

La iniciativa se venía gestando desde hace varios meses. En mayo, el gobernador Axel Kicillof había anunciado que la provincia financiaría diez obras de infraestructura universitaria que, según destacó, habían sido "completamente abandonadas" por el gobierno nacional. 

La semana pasada, Kicillof dio un paso más al firmar convenios con 24 rectores de universidades nacionales que operan en el territorio bonaerense. Esta acción se enmarca dentro de un esfuerzo por garantizar que las instituciones educativas sigan funcionando con las condiciones necesarias para su desarrollo, ante la falta de apoyo federal. 

El Decreto 2797/24, en su letra chica, también detalla cómo se distribuirán los recursos y qué tipo de obras serán priorizadas. Aunque la provincia se hace cargo de una parte importante de la infraestructura, el decreto también subraya que las universidades seguirán siendo responsables de la gestión directa de las obras, en una suerte de cooperación entre el Estado provincial y las instituciones académicas.

Eso implicó unos 26.762 millones de pesos para 21 obras. La idea del Plan de Infraestructura Universitaria es formalizar la inversión y darle un marco legal. Ahora, será el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos el encargado de llevarlo a cabo.

Según la norma oficializada en el Boletín Oficial este jueves, el Plan de Infraestructura Universitaria tiene como objetivo "expandir la infraestructura universitaria" en la provincia de Buenos Aires. Para ello, la Provincia podrá financiar hasta el 100% de los proyectos, con especial atención a aquellas obras que estaban en curso y que habían sido financiadas por el gobierno nacional, pero que quedaron paralizadas por falta de fondos.

El plan está dirigido a las universidades que deseen acceder a este financiamiento provincial, pero deberán enfrentar un proceso de redeterminación de precios para adaptar los presupuestos a los valores actuales. En resumen, la Provincia cubrirá el dinero faltante para reactivar las obras inconclusas.

El reglamento aprobado establece que, una vez que las universidades cumplan con todos los requisitos necesarios, el Ministerio de Obras Públicas de la provincia emitirá una resolución aprobando el proyecto. A partir de ahí, las universidades tendrán un plazo de 30 días para reanudar los trabajos.

Además, el Ministerio podrá desembolsar los fondos en etapas: un anticipo de hasta el 15% del presupuesto total y otro 20% unos 15 días antes de la fecha límite para la reactivación de la obra. Este mecanismo tiene como fin asegurar que las obras puedan continuar sin los obstáculos financieros que generó el recorte del gobierno nacional.