Provincia | 4 ene 2025
Ajuste jubilatorio
Nueva ley de jubilaciones para empleados del Banco Provincia
La nueva ley para el personal del BAPRO reduce la edad jubilatoria a los 60 años, ajusta el cálculo de haberes y aumenta los aportes para afrontar el déficit.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó un nuevo régimen para la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), derogando la Ley Nº 15.008 que había sido sancionada en 2017 durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
La medida fue oficializada a través del decreto Nº 3683/2024, publicado en el Boletín Oficial, convalidando las sanciones aprobadas por ambas cámaras de la Legislatura provincial.
El nuevo régimen introduce cambios importantes en aspectos clave, como la edad jubilatoria y el cálculo de los haberes previsionales. En relación con la edad mínima para las empleadas del BAPRO, la ley de Vidal había fijado el límite en 65 años, mientras que la nueva normativa lo reduce a 60 años, con una implementación gradual de los cambios. Este ajuste ofrece un alivio a las trabajadoras del banco, ya que se acerca más a las condiciones previas a la reforma de 2017.
Otro de los aspectos relevantes de la reforma es el reajuste en el cálculo de las jubilaciones. A partir de la nueva ley, los haberes de todos los trabajadores se calcularán sobre el 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses previos al cese, en contraste con el 70% que establecía la normativa anterior.
Asimismo, se prevé un incremento en los aportes de los trabajadores activos, que pasarán del 14% al 16%. Los nuevos ingresantes deberán abonar un 19%, mientras que las contribuciones obligatorias del propio banco aumentarán al 21%. Estos ajustes son necesarios para enfrentar el déficit actual de la caja previsional, que supera los $100 mil millones.
La promulgación de esta reforma responde a un reclamo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En marzo de 2023, el máximo tribunal suspendió la ley de Vidal, señalando los posibles perjuicios y calificando los efectos como "de difícil reparación ulterior". Además, la Corte había instado a la creación de un nuevo régimen, ya que la ley de 2017 había sido cuestionada en diversas presentaciones judiciales que pedían su inconstitucionalidad, con varios fallos favorables que ponían en duda su validez.