Seis empleados ferroviarios enfrentarán un juicio oral tras el pedido del fiscal Carlos Rívolo, quien los acusó de ser responsables del choque de trenes ocurrido el 10 de mayo de 2024 en el barrio porteño de Palermo, sobre las vías de la línea San Martín.

Según el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, el accidente dejó un saldo de 61 personas heridas, dos de ellas de gravedad, además de importantes daños al material rodante y a la infraestructura ferroviaria.

Los trabajadores acusados son Nahuel Alejandro Morales, Mariano Ignacio Filangieri, Damián Bartoletti Renzi, Leandro Martínez, Javier Armando Silvero y Alfredo Gómez. Para el fiscal, deben ser juzgados por el delito de estrago culposo agravado por haber causado lesiones, una figura prevista en el artículo 196 del Código Penal, que contempla penas de entre 1 y 5 años de prisión.

"La colisión no fue causada por un único acto imprudente, sino que fue consecuencia de la actuación conjunta de todos los imputados, quienes incumplieron con sus deberes de cuidado, comprometiendo la seguridad y aumentando los riesgos del sistema ferroviario", sostuvo Rívolo en su presentación.

El informe incorporado a la causa por Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) detalla que el accidente ocurrió en un contexto de vulnerabilidad operativa: la señalización automática no funcionaba debido al robo de cables, lo que obligó a operar bajo el sistema de bloqueo absoluto.

Además, las tareas de mantenimiento estaban afectadas por episodios de vandalismo y robos recurrentes, situación que había llevado a la empresa a evaluar medidas para reforzar la seguridad en el área, como la instalación de cercos y la protección de instalaciones sensibles.

El operativo de emergencia para restablecer el servicio demandó una inversión de 824 millones de pesos más IVA, incluyendo trabajos de reparación en infraestructura, vías, señales y el puente dañado. Por su parte, el costo estimado para recuperar el material rodante afectado asciende a 4,3 millones de dólares, también más IVA.

Rívolo subrayó que la colisión entre las formaciones 3021 y 3353 fue resultado de múltiples incumplimientos a los protocolos de seguridad por parte de los imputados. “Cada uno de ellos, desde su rol dentro del sistema ferroviario, tenía la responsabilidad de asegurar una operación segura. Su conducta negligente potenció riesgos que finalmente se tradujeron en el accidente”, concluyó.