El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), creado en 2012 para financiar el acceso a la vivienda. Lo hizo mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial, que detalla los pasos operativos para avanzar en la liquidación.

La medida concreta lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, firmado en noviembre pasado, y transfiere la gestión de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A., bajo las mismas condiciones de retribución fijadas en el contrato de fideicomiso original.

Según el decreto, la decisión se tomó por tratarse de una “pesada carga” para las cuentas públicas y por dificultades en el control y ejecución del programa. También se argumentó que la financiación de viviendas corresponde al sistema bancario —público y privado— y no justifica la intervención directa del Estado.

Además, se citaron auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectaron demoras en la entrega de viviendas y locales, incumplimientos contractuales, condiciones de habitabilidad deficitarias y una falta de transparencia en la gestión.

La disolución se realiza en el marco de la Ley N° 27.742, que declaró la emergencia pública y facultó al Ejecutivo a eliminar fondos fiduciarios como parte del proceso de reducción del gasto estatal.

A partir de ahora, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial será responsable de ejecutar las medidas administrativas necesarias, incluyendo la instrucción al Banco Hipotecario para transferir los fondos recaudados a la Tesorería General de la Nación, descontando sus gastos y comisiones.

También se autoriza al banco a vender carteras de créditos cuyo rendimiento de cobranza sea menor al 40%. Los bienes muebles e inmuebles del fondo quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía, que podrá transferirlos a provincias, municipios u otros organismos del Estado, o bien venderlos para cancelar obligaciones pendientes.

Los inmuebles no comprometidos en obras serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios con la Secretaría de Obras Públicas y el Banco Hipotecario. Las causas judiciales relacionadas al Pro.Cre.Ar serán atendidas por el servicio jurídico permanente que determine la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía.

Así, el Gobierno nacional da por cerrada una política pública que durante más de una década buscó facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos subsidiados y desarrollos urbanísticos con participación estatal.