El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, confirmó que descontará los días no trabajados a los residentes y médicos del Hospital Garrahan que participaron en las recientes jornadas de protesta por mejoras salariales y condiciones laborales. La medida se suma al despido de 110 trabajadores del Hospital Posadas, en ambos casos bajo el argumento de incumplimientos laborales.

Desde el ministerio explicaron que la decisión de aplicar los descuentos responde a la supuesta violación de la conciliación obligatoria por parte del sindicato ATE, que acompañó las medidas de fuerza. En un comunicado oficial, la cartera advirtió que “nadie está por encima de la ley” y que “el que no cumple, paga las consecuencias”.

La decisión de despedir a trabajadores del Posadas fue presentada como parte de una auditoría interna. Según el gobierno, se trata de contratados con ausencias reiteradas o sin justificación, aunque desde sectores gremiales denuncian que la medida es parte de una estrategia de disciplinamiento sindical y no un control genuino del funcionamiento hospitalario.

Ajuste, castigo y narrativa

“En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos”, afirmaron desde el ministerio, en línea con la narrativa oficial del gobierno de Javier Milei, que asocia el gasto público con privilegios políticos o sindicales. El comunicado agrega que “cada peso malgastado será redirigido a quienes sí trabajan, a insumos y equipamiento”.

Pero desde distintos gremios de la salud, así como agrupaciones de residentes y profesionales, advierten que estas medidas buscan deslegitimar el reclamo sanitario, mientras se evita atender denuncias por sueldos de indigencia, falta de recursos, insumos y condiciones críticas de trabajo.

Las protestas, que incluyen paros, movilizaciones y asambleas, continúan en todo el país. Los trabajadores del Garrahan incluso impulsan una campaña nacional de firmas, mientras siguen reclamando que los salarios se ajusten al costo de vida real.

En este contexto, la respuesta del Gobierno ha sido más punitiva que resolutiva. Con la motosierra como emblema, la gestión libertaria parece priorizar el castigo al reclamo por sobre el diálogo, consolidando un mensaje de fondo: en el nuevo orden, reclamar puede costar caro.