El nuevo estatuto de la Policía Federal, oficializado a través del Decreto 383/25 e impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Javier Milei, continúa generando fuertes rechazos. En esta ocasión, fue la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) la que expresó su oposición, advirtiendo que las modificaciones representan una amenaza a los derechos y garantías constitucionales.

Mediante un comunicado, el gremio calificó la disposición como “una grave violación” al considerar que “legaliza prácticas de vigilancia sin control judicial”. Uno de los puntos que más preocupación genera es la habilitación de ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.

“La misma fuerza que actúa con violencia en las calles y reprime la protesta social, ahora tiene vía libre para intervenir en espacios digitales y físicos sin límites”, señaló el sindicato que conduce Hugo Russo. Para la AJB, se trata de “un avance autoritario orientado al disciplinamiento social y a la criminalización de las expresiones críticas al modelo de gobierno”.

Desde la entidad reclamaron la “inmediata derogación del decreto” y se sumaron así a organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que también manifestaron su rechazo al nuevo estatuto policial.