La tensión entre el sistema universitario público y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro nacional por 48 horas que se llevará a cabo el miércoles 26 y el jueves 27 de junio, jornada en la que también se realizarán movilizaciones en todo el país. El reclamo central es la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que fije metas de inversión a largo plazo y blinde el presupuesto de las universidades públicas ante los recortes del Poder Ejecutivo.

La medida de fuerza se da en un contexto de fuerte malestar por el congelamiento de partidas presupuestarias, la falta de actualización salarial y la incertidumbre sobre el futuro del sistema universitario. La CONADU, junto a otras organizaciones del sector, exige al Congreso que apruebe el proyecto el próximo 2 de julio y denuncia que el Gobierno de Javier Milei impulsa una política de ajuste que pone en riesgo la educación superior pública.

En ese marco, se anunció la reedición de la histórica Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, que volverá a realizarse este jueves con el lema: “¡Prendete a defender la universidad pública!”. Habrá actos y movilizaciones en todas las universidades nacionales del país.

Un proyecto con respaldo amplio

La ley de financiamiento que se debatirá en Diputados cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Entre sus puntos clave, el texto propone:

• Fijar una inversión universitaria del 1,5% del PBI para 2031, con aumentos progresivos desde 2026.

• Transferencias mensuales automáticas a las universidades, calculadas sobre fondos coparticipables.

• Paritarias trimestrales y aumentos salariales mensuales ajustados por inflación.

• Actualización automática de gastos operativos según el IPC.

• Un fondo anual de $10.000 millones para carreras estratégicas, becas, infraestructura e investigación.

Un choque de poderes

Desde el oficialismo ya anticiparon su rechazo al proyecto por considerar que representa una carga fiscal “inviable”. Sin embargo, en la oposición y en el ámbito universitario sostienen que la iniciativa busca “proteger la educación superior como política de Estado”, evitando que dependa de la voluntad política del Gobierno de turno.

El paro y la movilización de esta semana se leen también como un mensaje directo al Congreso: sin ley, el sistema universitario seguirá expuesto a crisis presupuestarias como la actual. En los primeros seis meses de gestión de Milei, las universidades sufrieron congelamiento de fondos y un fuerte deterioro del poder adquisitivo de docentes y no docentes.

La comunidad universitaria apuesta a que la presión social y la visibilidad del conflicto obliguen a los legisladores a avanzar con el proyecto. El 2 de julio se abre una nueva etapa en la disputa entre el Congreso y el Ejecutivo, con un eje central: el futuro del sistema universitario argentino.