El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia su respuesta al requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita para justificar la evolución de su patrimonio, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez federal Ariel Lijo. El escrito, presentado por su abogado, Matías Ledesma, antes del vencimiento de la prórroga concedida, contesta los 20 puntos incluidos en el requerimiento.

La defensa sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 cuenta con respaldo documental, contable y técnico suficiente para explicar los movimientos observados durante la investigación.

El origen de los dólares

Uno de los ejes del descargo es la tenencia de dólares en efectivo. Según la documentación presentada, Adorni había informado US$ 565.000 al inicio de 2023, US$ 513.000 al cierre de ese año y US$ 388.961,52 al finalizar 2024, bajo el concepto de "venta de activos".

Los abogados sostienen que esos fondos provienen de la liquidación de ocho direcciones de bitcoin, cuyas operaciones habrían representado en total US$ 591.544,61. De acuerdo con el escrito, las billeteras registraron actividad entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, varios años antes del ingreso de Adorni a la función pública.

La defensa afirmó además que las inversiones iniciales se financiaron con ahorros acumulados durante la actividad privada de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, y que parte del dinero obtenido por la venta de las criptomonedas quedó conservado en efectivo fuera del sistema bancario. Para acreditar la titularidad de las billeteras, indicó que Adorni firmó mensajes con las claves privadas de las ocho direcciones ante un escribano, y que esas claves fueron entregadas en un sobre cerrado para una eventual verificación.

La diferencia que detectó la Fiscalía

La Fiscalía había reconstruido ingresos lícitos comprobados por $229,75 millones frente a egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos por $272,82 millones, una diferencia de aproximadamente $43,07 millones. La defensa considera que esa brecha puede explicarse mediante la documentación aportada y otras partidas que, según plantea, todavía requieren conciliación.

El descargo también aborda las rectificaciones de declaraciones juradas anteriores. La defensa reconoce que existieron modificaciones, pero sostiene que fueron realizadas antes de recibir el requerimiento fiscal y antes de una fiscalización de ARCA, y que se abonaron las obligaciones tributarias derivadas de esos cambios.

La casa en Indio Cuá

La vivienda ubicada en el country Indio Cuá es otro de los ejes del expediente. Según la defensa, el terreno fue adquirido por US$ 120.000: US$ 100.000 mediante un mutuo con garantía hipotecaria y los US$ 20.000 restantes en efectivo.

Sobre la remodelación, los abogados rechazaron que el monto pagado al contratista haya sido de US$ 245.000 y afirmaron que el desembolso fue de US$ 175.000. Para sostener esa cifra, incorporaron una valuación de un arquitecto contratado por la defensa, que estimó el valor técnico de los trabajos en US$ 174.954,58, y cuestionaron planillas y comprobantes incorporados previamente al expediente.

Qué puede pasar ahora

Con el escrito incorporado, la Fiscalía y el juzgado deberán analizar las explicaciones y la documentación aportadas. El requerimiento de justificación patrimonial constituye una instancia previa a una eventual convocatoria a declaración indagatoria, aunque esa decisión dependerá de la evaluación judicial del material reunido.

La defensa sostiene que los activos cuestionados tienen un origen previo al ingreso de Adorni al Estado y que, por lo tanto, no se configura el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal. Esa posición deberá ser contrastada por los investigadores con las pruebas incorporadas a la causa.