El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo para que las obras sociales nacionales adhieran al régimen especial destinado a regularizar las deudas que mantienen por prestaciones realizadas en hospitales y otros efectores públicos bonaerenses.

La medida fue establecida por una resolución del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, y extiende el plazo que vencía el 26 de septiembre. El régimen había sido puesto en marcha mediante la Resolución 103, publicada el 12 de agosto, con una vigencia inicial de 45 días corridos, y en ese momento la Provincia estimó que permitiría recuperar unos 150.000 millones de pesos.

Según explicó el Gobierno bonaerense, la extensión busca facilitar la presentación de las notas de adhesión y de la documentación necesaria, además de permitir completar las tareas de verificación y conciliación de las deudas. El objetivo es ampliar la participación de las entidades alcanzadas y acelerar el recupero de fondos por prestaciones brindadas en el sistema público.

Qué deudas alcanza el régimen

La prórroga no modifica las condiciones establecidas originalmente. El régimen alcanza a las obras sociales nacionales comprendidas en la Ley 23.660 y contempla las facturas impagas por prestaciones realizadas en hospitales y demás efectores públicos de la Provincia que cumplan con los requisitos previstos en la resolución.

Cómo pueden pagar

Las entidades pueden optar por cancelar la deuda en un solo pago, acceder a un plan de hasta 18 cuotas mensuales sin interés de financiación o elegir un esquema de hasta 24 cuotas con una tasa del 4% anual sobre saldos. En este último caso, al menos el 70% de la deuda debe quedar cancelada durante los primeros 12 meses.

Mientras el plan se encuentre vigente y sea cumplido, se suspende el cómputo y el devengamiento de intereses moratorios, recargos y otros accesorios financieros sobre las obligaciones incluidas.

La decisión se produce en un contexto de creciente presión sobre los hospitales públicos bonaerenses por la atención de pacientes que cuentan con cobertura de obra social o prepaga.