El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en la causa que investigó el lanzamiento y la promoción del criptoactivo $Libra. Para el magistrado, los hechos "no encuadran en una figura legal".

La resolución, de 60 páginas, también alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. Ninguno de los imputados fue citado a prestar declaración indagatoria. Según el juez, esa circunstancia no impedía dictar el sobreseimiento.

El fallo se fundó en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que habilita el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye delito. El juez dispuso que, una vez firme la decisión, se comunique y se archive el expediente. También aclaró que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor de los imputados.

Qué descartó el juez

El sobreseimiento siguió el pedido del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la instrucción por delegación. Martínez de Giorgi revisó el dictamen y sostuvo que estaba "debidamente fundamentado". Como ninguna parte sostenía una acusación propia, resolvió "de conformidad a lo instado".

Sobre la presunta estafa, el magistrado consideró que no se acreditó un engaño penalmente relevante. El posteo presidencial pudo dar visibilidad al proyecto, pero no demostró por sí solo una maniobra fraudulenta. Tampoco bastaban la suba, la caída del precio y las pérdidas de los compradores sin una falsedad concreta.

El juez descartó además el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles atribuidos al Presidente. Se apoyó en la conclusión de la Oficina Anticorrupción, según la cual la publicación no fue un acto institucional ni utilizó recursos del Estado. Señaló también que no apareció documentación que probara un acuerdo confidencial con Davis.

En el caso de Karina Milei, entendió que no se probó que hubiera pedido o recibido dinero para facilitar reuniones con el mandatario. Una nota hallada en el teléfono de Novelli mencionaba un pago a los hermanos Milei, pero las pericias no demostraron que se hubiera comunicado ni aceptado. Los movimientos en cajas de seguridad, cuentas bancarias y billeteras virtuales tampoco resultaron concluyentes.

El posteo que desató el escándalo

Según las denuncias, el 14 de febrero de 2025, a las 19.01, Milei publicó en X un mensaje que promovía el proyecto «Viva la Libertad» y difundía la dirección del contrato del token. El activo pasó de alrededor de 0,01 dólar a cerca de 5 dólares y se desplomó en pocas horas. Un grupo reducido de billeteras habría retirado unos 100 millones de dólares, mientras que más de 40.000 compradores registraron pérdidas.

Esa noche, en medio de versiones sobre un posible hackeo, el Presidente ratificó que el mensaje era auténtico. Cerca de la medianoche lo eliminó y sostuvo que "no estaba interiorizado" en el proyecto. Días después, el ingeniero en sistemas Fernando Molina expuso en la Cámara de Diputados que 74 billeteras habían comprado tokens segundos antes de la publicación presidencial.

Davis, impulsor del proyecto, afirmó luego que conservaba unos 100 millones de dólares vinculados a la operación, repartidos en cuatro billeteras. En el expediente se pidió preservar más de 44,5 millones de USDC en una billetera ligada al equipo de $Libra. Sin embargo, Estados Unidos consideró insuficientes los elementos aportados y ese trámite de cooperación se cerró.

Un expediente sin querellantes

La investigación nació de una denuncia de los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, que pidieron indagar a Karina Milei por presuntos cohecho y tráfico de influencias. Al expediente se acumularon otras presentaciones, entre ellas la del exdiputado Claudio Lozano. En agosto, Frade amplió la denuncia a partir de dichos públicos de Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, quien había afirmado que él le dijo que «la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción».

Al momento del fallo, Taiano era el único impulsor de la causa. A comienzos de julio, Martínez de Giorgi apartó a cinco inversores que actuaban como querellantes, a pedido de la defensa de Novelli, por considerar que no habían acreditado un perjuicio directo. La Sala I de la Cámara Federal confirmó esa decisión. El 10 de septiembre, el juez rechazó también que Frade y Ferraro ocuparan ese rol: les reconoció un interés institucional, pero no un perjuicio personal y concreto.

El recorrido político del caso

En el Congreso, la comisión investigadora presidida por Ferraro presentó en noviembre de 2025 un informe final de 205 páginas, firmado por 15 diputados opositores. El documento atribuyó a los hermanos Milei un rol decisivo, por acción u omisión, y describió la operatoria como un «esquema de fraude planificado». También recomendó evaluar un eventual mal desempeño del Presidente. La comisión acusó a funcionarios del Ejecutivo de negarse a colaborar y anunció denuncias contra Taiano y Martínez de Giorgi, entre otros. El bloque de La Libertad Avanza rechazó el informe.

Por su parte, el Gobierno había creado una Unidad de Tareas de Investigación en el Ministerio de Justicia. La disolvió en mayo de 2025 mediante el Decreto 332/2025, sin publicar conclusiones. La resolución de este viernes menciona otra investigación judicial abierta sobre $Libra, por lo que el cierre de este expediente no supone el fin de todas las actuaciones vinculadas al caso.