El Gobierno avanzará en la eliminación de los subsidios energéticos generalizados y para eso fijó entre junio y noviembre de 2024 un período de transición en el que buscará que los hogares que todavía cuentan con asistencia estatal, paguen la totalidad del servicio. Son los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3).

Mediante el Decreto N° 465, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se determinó "la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible".

De esta manera, se dará inicio a un esquema de 6 meses, prorrogable por otros 6; para aplicar un "traslado de manera progresiva" del costo energético, que a la vez otorga -según dice el Decreto- un plazo prudente para que los usuarios puedan prever sus consumos y el correspondiente gasto energético.

Con el sistema gradual de quita de subsidios, además, el Gobierno pretende evitar cualquier acción judicial contra el incremento tarifario, según detalló el sitio TN.com.ar.

Básicamente, se establecerán por mes un tope de consumo máximo de gas y luz a subsidiar y un sistema de "bonificaciones o descuentos" a los usuarios residenciales de bajos y medios, según el ingreso y ubicación de cada hogar. Para eso se llamará a todos los usarios a reempadronarse en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE).

El Ejecutivo empieza a acercarse al régimen de subsidios basado en una Canasta Básica Energética (CBE) que contemple las necesidades esenciales de consumo de electricidad y de gas de los hogares según su ubicación y época del año.

Se esperaba que la CBE estuviera lista para mediados de año, pero su implementación se demoró por la complejidad en acceder a datos, con un RASE en el que muchos usuarios no se registraron aun cuando está vigente desde mediados de 2022. Se trata de un universo de 10 millones de usuarios con subsidios que permitiría pasar a un esquema concentrado con "aquellos que realmente lo requieran", según indican en el Gobierno.

De esta manera, se estableció que "la ayuda estatal se limitará a un determinado volumen de energía, tanto de electricidad como de gas, a fin de evitar consumos irresponsables y alentar la eficiencia en la administración de los recursos naturales".