En pleno debate sobre la desregulación del sector inmobiliario, múltiples voces de la industria volvieron a poner sobre la mesa los cuestionamientos a los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Corredores y Martilleros, haciendo especial énfasis en su falta de ética.

La parcialidad con la que se manejan estos órganos aparece, de hecho, entre los principales argumentos de quienes entienden que es necesario transformar el sector inmobiliario modernizándolo y aportando transparencia. Tal como afirman los propios colegiados, los Tribunales de Disciplina de los Colegios perdieron hace años su misión original y actualmente solo funcionan como “ejecutores” de los deseos de las dirigencias.

Se han transformado en una herramienta de presión: como voces del oficialismo, son utilizados por las comisiones directivas para perseguir profesionales y presionar sobre propios y ajenos. Así, amparados en acusaciones genéricas y sin pruebas concretas, los Tribunales de Disciplina suspenden la matrícula y obstaculizan el trabajo de decenas de profesionales. Y en ese accionar automatizado, el derecho de defensa de los matriculados es absolutamente inexistente, como ha quedado demostrado en múltiples casos en los últimos años.

La parcialidad y la intencionalidad de los Tribunales de Disciplina tuvo varios hitos, pero hay uno que condensa el espíritu antiético de la cuestión. Hace pocos meses, el Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) ratificó la sanción dispuesta por el Tribunal de Ética y Disciplina de ese Colegio contra Paula Méndez, presidenta del Colegio de Martilleros de San Isidro.

La imposibilidad de que Méndez haya sido juzgada por el Tribunal de Disciplina de su jurisdicción responde, justamente, a los vicios de parcialidad. ¿Cómo podría juzgar a la presidenta de la comisión directiva un órgano formado por miembros del oficialismo de turno?

En un fallo unánime, la presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro (CMCPSI) había sido multada por incurrir en prácticas contrarias a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas en la normativa de los profesionales corredores. A raíz de una denuncia realizada en 2022 por varios corredores inmobiliarios contra Méndez, el Tribunal de Ética y Disciplina del CUCICBA consideró que, a través de su actitud, la corredora denunciada violó las normas vigentes, al tiempo que su accionar derivó “en una competencia desleal con los propios colegas”.

Asimismo, el fallo afirmó que la presidenta del CMCPSI no manejó la publicidad con la claridad y transparencia debidas. En los argumentos, le recordaron a Méndez que “se compite por servicios, no por honorarios”, y que “se profesan valores y no se persigue la rentabilidad a ultranza”.

“Queda demostrado en los elementos de prueba colectados que la profesional ejerció durante un tiempo prolongado la actividad bajo una modalidad no permitida”, subrayó el fallo al justificar el ejercicio del poder punitivo del Tribunal de Ética y Disciplina.

El solo hecho de que Méndez haya sido juzgada por un órgano externo al de su Colegio prueba la parcialidad con la que operan los Tribunales de Disciplina. En medio de una transformación histórica del sector inmobiliario, la inescrupulosa función de los Tribunales no hace más que confirmar la imperiosa necesidad de una mayor ética y transparencia.