Luego del asesinato de Kim Gómez, la Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión el proyecto para reducir la edad de imputabilidad a 14 años, con el objetivo de permitir que los menores que cometen delitos graves enfrenten penas de hasta 20 años de prisión, aunque se excluye la pena de reclusión perpetua.

La propuesta surgió después de que el presidente Javier Milei solicitara en la Asamblea Legislativa la reforma del Código Procesal Penal. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), convocó a una reunión para discutir esta iniciativa, que siempre generó divisiones en el Congreso.

Milei había instado al Congreso a tratar cambios en la legislación penal luego de una serie de homicidios ocurridos en la provincia de Buenos Aires, lo que desencadenó un enfrentamiento con el gobernador Axel Kicillof.

Rodríguez Machado logró el acuerdo con sus colegas de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Minoridad, y Presupuesto, como Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), para adelantar la convocatoria a la reunión plenaria, con el fin de iniciar la discusión de un dictamen. Aseguran que, con las siete reuniones realizadas el año pasado, ya se completó la ronda de consultas.

El debate se llevará a cabo antes de una sesión impulsada por bloques opositores este miércoles al mediodía, para tratar proyectos que buscan investigar, solicitar informes o interpelar a funcionarios vinculados al escándalo del cripto proyecto Libra.

Fuentes parlamentarias indicaron a Noticias Argentinas que el objetivo es comenzar a discutir el despacho basado en la propuesta del Gobierno Nacional, pero también incorporar algunas de las propuestas contenidas en los múltiples proyectos existentes en la Cámara baja.

Aunque el Gobierno busca reducir la edad de imputabilidad a 13 años, el consenso actual entre los legisladores es que podría establecerse en 14 años, como sugieren, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

Además del massismo, el presidente del PRO, Cristian Ritondo, también apoya la reducción a 14 años, y en esa misma línea se encuentran los proyectos presentados por el líder de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, así como las iniciativas de los legisladores de Producción y Trabajo, Nancy Picon, y la radical Carla Carrizo.

Por otro lado, el diputado libertario mendocino Álvaro Martínez propone reducir la edad de imputabilidad a 12 años, mientras que la legisladora piquetera de UP, Natalia Zaracho, aboga por mantener la edad actual y analizar si a los 16 años un menor comprende la naturaleza de sus delitos, junto con una serie de medidas de contención social.

El proyecto del Gobierno establece que los menores no podrán ser condenados a prisión perpetua, con un máximo de 20 años de cárcel, incluso si la pena correspondiente por los hechos es mayor debido a la acumulación de delitos.

Todos los proyectos proponen reformas en el Régimen Penal Juvenil que incluyen sanciones alternativas a la prisión para delitos menores, buscando la resocialización del infractor.

En este sentido, la iniciativa del Gobierno propone una variedad de sanciones alternativas, como amonestaciones, prohibición de acercarse a la víctima, restricciones para salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducir, monitoreo electrónico y prestación de servicios comunitarios.

El régimen penal para menores también contempla programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración social.

El proyecto también contempla la posibilidad de revisar la pena cuando se haya cumplido dos tercios de la condena, permitiendo que el resto de la pena se cumpla en el hogar del condenado. Además de la cárcel y la prisión domiciliaria, se contempla la opción de cumplir la pena en instituciones abiertas o en centros especializados de detención para menores.