“La desregulación pone en riesgo la seguridad jurídica”, dijeron en estas últimas semanas diversos Colegios de Corredores y Martilleros mientras crece la expectativa por la transformación en el sector inmobiliario que analiza el ministerio que lidera Federico Sturzenegger. Sin embargo, son cada vez más las voces de la industria las que advierten que, lejos de aportar seguridad jurídica, los Colegios han sido hasta ahora cómplices –por acción u omisión– de estafas y malas prácticas inmobiliarias.

Una de las últimas polémicas surgió recientemente en La Plata, donde se produjo “la mayor estafa en la historia de la ciudad”, según los medios locales. Al menos 700 personas compraron terrenos por un valor cercano a los 60 mil dólares cada uno pero no podrán escriturar porque los desarrolladores vendieron sin tener autorización para subdividir las fracciones y mucho menos para construir un barrio cerrado.

Por esas estafas, además de embargar a los urbanizadores de barrios en loteos ilegales en las afuera de La Plata, el municipio instó a los colegios profesionales y técnicos “a informar y asesorar debidamente a sus matriculados para que se abstengan de participar en estas prácticas ilegales que vulneran el ordenamiento jurídico local y perjudican a los vecinos y ciudadanos platenses”. 

El escándalo hizo que decenas de profesionales apuntaran contra el presidente del Colegio de Martilleros de La Plata Guillermo Saucedo. El propio Saucedo indicó hace unas semanas: “Nuestra profesión, que para conseguirla necesita años de estudio, hace que tengamos conocimientos específicos de la actividad para evitar fraudes, engaños y estafas tan comunes en estos días. No queremos imaginar, si finalmente se logra la desregulación que pretende Milei y cualquiera pueda vender y/o alquilar una propiedad, la cantidad de fraudes que se pueden perpetrar”. El ejemplo en su propio distrito no sólo desacredita los dichos de Saucedo sino que vuelve a demostrar que los Colegios no consiguen brindar seguridad jurídica a los ciudadanos ni honran sus propios códigos de ética.

“En La Plata, pero también en otros lugares del país, los Colegios jamás hacen algo para resguardar los intereses de los particulares que compran lotes. Ellos saben qué corredores actúan en las ventas y qué clientes compran pero nunca  hacen nada al respecto. Eso prueba que la seguridad jurídica que dicen garantizar es inexistente y que siempre es la Justicia la que termina resolviendo estas cuestiones”, señaló un profesional del sector.

En medio de un escándalo que desde La Plata salpica a toda la estructura de Martilleros BA, muchos matriculados también recordaron que para registrarse o reinscribirse en el Colegio de Martilleros del Departamento Judicial Mar del Plata se debe presentar un certificado de antecedentes penales. En ese sentido, cuestionaron que Pablo Salminci –procesado por lavado de dinero– siga estando habilitado en el padrón de ese Colegio. En la famosa Causa Salminci se estableció que la asociación criminal “se dedicaba a la realización de diversas maniobras destinadas a menoscabar el patrimonio de un consorcio de edificio” que estuvo a cargo de la familia desde 2007 y hasta febrero de 2020. 

Si bien Adolfo Salminci murió en medio de las actuaciones judiciales, por esa causa fueron procesados los hermanos Marcelo y Pablo Salminci y su madre, Nora Iris Jaime. Los Salminci también se beneficiaron de las subastas fraudulentas que llevó adelante Mario Castelao en la propia sede del Colegio de la ciudad bonaerense. “El Colegio de Martilleros Departamento Judicial Mar del Plata ha dejado de ser hace tiempo un aval de la probidad de las operaciones inmobiliarias que realizan sus miembros para convertirse en una patota de presión que busca entorpecer la actividad de aquellos que no se alinean con sus intereses comerciales”, afirman desde MDQ Activa.

Como estos, existen múltiples ejemplos que echan por tierra la idea de que los Colegios son los garantes de la seguridad jurídica. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, personas vinculadas con la inmobiliaria L’Abbate y con la firma Induplack Fiduciaria son investigados sobre su participación en una presunta asociación ilícita dedicada a la estafa durante los últimos 12 años: el expediente reúne a 19 víctimas que invirtieron en nueve proyectos sin ver un solo ladrillo.

Mientras el sector inmobiliario busca virar hacia un contexto de transparencia y sana competencia, la Justicia amontona causas abiertas en las que miles de personas han sido estafadas y los Colegios de Corredores guardan silencio sobre maniobras oscuras que podrían haberse evitado.